Se
ha celebrado una Asamblea de vecinos/as de La Palma-Palmilla para
abordar el problema del agua en Málaga. Cuarenta y siete de los
asistentes han decidido inciar acciones legales contra EMASA por
presuntas coacciones en el cobro de deudas ilegítimas de
propietarios anteriores que ahora la empresa pública pretende
endosar a los nuevos vecinas.
De
esta forma, EMASA ha contratado a la empresa TRACASA, para cobrar las
deudas pendientes del suministro del agua. Un total de 47 vecinas denuncian que
los responsables de estas empresas acuden a su domicilio y les
obligan a firmar reconocimientos de las deudas de anteriores
propietarios, bajo la amenaza de ser demandadas y denunciadas,
amenazando con penas de prisión de seis meses, a aquellos
vecinos que se nieguen a firmar estos reconocimientos de deuda, que
resultan tan falsos como injustos.
En
algunos casos, las cantidades reclamadas son superiores a los 70,000
€uros, puesto que uno de los graves problemas del barrio de la
Palma-Palmilla, es la inexistencia de escritura notarial en la
transmisión de los inmuebles, lo que conlleva que las empresas
suministradoras se intenten aprovechar de la indefensión de los
vecinos, cobrándoles deudas anteriores, incluso con procedimientos
que constituyen delito de coacciones y amenazas, así como falsedad
en documento privado.
Algunas
de las vecinas que firmaron estos reconocimientos, han sido
querelladas al intentar proveer a su familia agua, y tras ser
detenidas, se encuentran en libertad provisional. Otras vecinas que
han pagado incluso la deudas anteriores, se han negado a pagar las
multas impuestas por fiscalía, de forma que en cualquier momento se
podría decretar su ingreso en prisión. A la Asamblea ha acudido la recientemente nombrada concejal por Izquierda Unida Ana García Sempere, quien ha mostrado su apoyo a los afectados.
Las
vecinas han nombrado 3 portavoces que se reunirán el lunes con la
concejal del distrito, Mar Torres, para exigirle que el Ayuntamiento
proponga una ordenanza municipal que garantice el suministro de agua
a las familias más humildes, y paralicen las coacciones y amenazas
en el cobro, así como las demandas desproporciocionadas y, por
supuesto, las querellas criminales, puesto que los vecinos queremos
pagar el agua que consumimos.
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