sábado, 26 de enero de 2013

47 vecinas se querellarán contra los responsables de EMASA por coacciones


Se ha celebrado una Asamblea de vecinos/as de La Palma-Palmilla para abordar el problema del agua en Málaga. Cuarenta y siete de los asistentes han decidido inciar acciones legales contra EMASA por presuntas coacciones en el cobro de deudas ilegítimas de propietarios anteriores que ahora la empresa pública pretende endosar a los nuevos vecinas.


De esta forma, EMASA ha contratado a la empresa TRACASA, para cobrar las deudas pendientes del suministro del agua. Un total de 47 vecinas denuncian que los responsables de estas empresas acuden a su domicilio y les obligan a firmar reconocimientos de las deudas de anteriores propietarios, bajo la amenaza de ser demandadas y denunciadas, amenazando con penas de prisión de seis meses, a aquellos vecinos que se nieguen a firmar estos reconocimientos de deuda, que resultan tan falsos como injustos.

En algunos casos, las cantidades reclamadas son superiores a los 70,000 €uros, puesto que uno de los graves problemas del barrio de la Palma-Palmilla, es la inexistencia de escritura notarial en la transmisión de los inmuebles, lo que conlleva que las empresas suministradoras se intenten aprovechar de la indefensión de los vecinos, cobrándoles deudas anteriores, incluso con procedimientos que constituyen delito de coacciones y amenazas, así como falsedad en documento privado.

Algunas de las vecinas que firmaron estos reconocimientos, han sido querelladas al intentar proveer a su familia agua, y tras ser detenidas, se encuentran en libertad provisional. Otras vecinas que han pagado incluso la deudas anteriores, se han negado a pagar las multas impuestas por fiscalía, de forma que en cualquier momento se podría decretar su ingreso en prisión. A la Asamblea ha acudido la recientemente nombrada concejal por Izquierda Unida Ana García Sempere, quien ha mostrado su apoyo a los afectados. 

Las vecinas han nombrado 3 portavoces que se reunirán el lunes con la concejal del distrito, Mar Torres, para exigirle que el Ayuntamiento proponga una ordenanza municipal que garantice el suministro de agua a las familias más humildes, y paralicen las coacciones y amenazas en el cobro, así como las demandas desproporciocionadas y, por supuesto, las querellas criminales, puesto que los vecinos queremos pagar el agua que consumimos.

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